Por una Ley de Igualdad Contributiva

La opinión de Jesús Royo en la Voz Libre.


El President Mas quiere jugar la carta no de la independencia, que eso son palabras mayores, sino del pacto fiscal: se propone convocar una consulta -no un referéndum, ¿eh?- en la que se nos preguntará, más o menos, “¿Quiere usted que España continúe robándonos a mansalva, sí o no?” Y nos dirá que consultar es democrático, ¿oi? El objetivo es adoptar el modelo fiscal vasconavarro, Hacienda propia y pagar por los servicios comunes al Estado, y fuera monsergas de la LOFCA. En todo caso, algo de propina como solidaridad con las comunidades más desfavorecidas, y buenas caras, oiga, que si no, ni eso. Hay quien opina que la propuesta no sería inconstitucional, porque Cataluña puede exhibir derechos históricos tan solventes como los vascos, y por tanto podría aplicársenos la misma excepción de la adicional primera. Pero por ese camino, ¿quién no tiene derechos históricos? Aragón, Asturias, Valencia, Mallorca, Córdoba, Granada... Hasta Cartagena podría pedir indemnización por las guerras púnicas. Y ahora dice el lendakari López que nanay, que los conciertos son dos y basta, que haber espabilado en su momento, y que ahora ajo y agua. Esto, señores, no es serio, es una comedia de enredo, un vodevil, un sainete de patio de vecinos.

La pretensión de Mas no tiene la más mínima posibilidad, es una marrullería típica del nacionalismo, un juego de manos para engañar a la vista y sacar tajada: trilerismo. ¿Cómo van a permitir el resto de autonomías que una de ellas ese escaquee del reparto? Pero el movimiento de Mas tiene una virtud: centra el foco en la anomalía del concierto vasconavarro. Y ahí sí puede ser útil que se hable. Hablemos, pues. De hecho todos damos por bueno y por plenamente constitucional todo eso del concierto. Pues bien, hay que decirlo alto y claro: el sistema fiscal de los conciertos es constitucional, sí, por la adicional primera. Pero el resultado no puede ser ningún privilegio, porque lo prohíbe el 138.2 de la Constitución: “Las diferencias de los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”. O sea que el sistema del Concierto es solo un método diferente de conseguir lo mismo: no puede generar ninguna ventaja. Ni a la hora de pagar ni a la hora de recibir: todos por igual. Quitémosle el morbo del premio al sistema del Concierto, y dejará de ser deseable. Mas y sus muchachos dejarán de dar la tabarra: ¡oh felicidad!

Ese sería el objeto de una ley que considero absolutamente necesaria, la Ley de Igualdad Contributiva. De acuerdo con esa ley, tanto los criterios de contribución a la Administración como la distribución de los bienes comunes debe ser igual para todos los ciudadanos del Estado. Por lo tanto las cantidades del Cupo no pueden estar sujetas a negociación como lo están ahora. Deben calcularse conjuntamente con la contribución de toda España y con una misma fórmula matemática: eso es técnicamente sencillo. Para el caso en que el cálculo tuviera una desviación, a posteriori el Tribunal de Cuentas debería fijar las diferencias a sumar o restar de un año para otro. Con lo que las diferencias entre lo que pagaría o cobraría un vasco o un navarro respecto al resto de españoles sería solamente la fluctuación de esos “arrastros” anuales.

Es totalmente escandaloso que dos comunidades se sustraigan, en la práctica, al deber de igualdad y progresividad del sistema tributario (CE 31,1). Sobre todo, si es para beneficiarse: entre las dos comunidades forales se ahorran alrededor de 6.000 millones de euros anuales. Para 3 millones de habitantes, supone un bono de 2000 euros de premio al año para cada vasco o navarro. (Datos extrapolados de estudios de Ángel de la Fuente, doctor economista del CSIC). Calculen ustedes el beneficio que han acumulado a lo largo de los treinta años largos de democracia. Claro que son regiones prósperas: pero en su prosperidad hay mucho dinero del resto de España. Nuestra pobreza les hace ricos. Eso se tiene que acabar. Todos iguales, ya.

PS: El beneficio acumulado por la aplicación inicua de los Conciertos ¿podría ser considerado “deuda histórica” hacia el resto del país? ¿Deberían, el País Vasco y Navarra, abonar anualmente 9.000 millones extra durante treinta años, para compensar los treinta años de ventaja a su favor? ¿No son estos “deberes históricos”, tan legítimos o más que los derechos?