El presidente Zapatero dice que la convivencia lingüística funciona razonablemente bien en España y que así va a comunicárselo al Departamento de Estado norteamericano. Yo estoy de acuerdo. La convivencia funciona bien porque el catalán apenas es un acento del castellano (y viceversa) y la inmersión lingüística tiene poca importancia técnica. No hay ejemplos significativos de estudiantes que abandonen las aulas sin conocer bien el castellano o el catalán. Los alumnos salen desconociendo los dos idiomas por igual. Y lo mismo pasaría (y es algo que los nacionalistas olvidan con frecuencia) si no hubiera inmersión lingüística, pero se exigiera académicamente el conocimiento de las dos lenguas. La inmersión lingüística, en el caso concreto catalán, no influye sobre el conocimiento lingüístico y mucho menos sobre el aprendizaje. Sólo es la forma en que los nacionalistas marcan territorio, política y fisiológicamente hablando. Esto se ve con nitidez cuando se recuerda que los nacionalistas catalanes consideran la lengua un signo de identidad. Siguiendo su lógica deberían aceptar que para muchos españoles que viven en Cataluña la lengua es también eso mismo. Y que, en consecuencia, no quieren ver su identidad arrebatada en el aula o en sus comercios. Pero, naturalmente, no hay aquí el menor correlato lógico: lo que pretenden los nacionalistas es que su signo de identidad prevalezca sobre el de los otros, desde su convencimiento de que tienen más derechos que los otros. La defensa de los derechos lingüisticos del castellano en Cataluña se ha decantado ingenuamente por las cuestiones sentimentales o técnicas, cuando la reivindicación debía haber sido política. De perro a perro para decirlo con un ladrido.
El problema del presidente Zapatero es que no puede replicar al gobierno norteamericano diciendo que no se preocupe nadie, que al fin y al cabo se trata de dos dialectos muy pegadizos. Porque el gobierno norteamericano, que observa con la objetividad que suele procurar la lejanía, lo que ve es un entramado sorprendente de leyes que impiden que un ciudadano de un estado europeo pueda escoger como lengua de la enseñanza de sus hijos la única lengua oficial (¡y koiné!) de todo ese Estado. El entramado, además, no es el resultado de una decisión política circunstancial, fácilmente revisable: el Tribunal Supremo y el Constitucional han dictaminado repetidamente, y mucho antes del nuevo Estatuto, la legalidad del modelo lingüístico catalán.
Lo único que en realidad puede hacer el presidente ante el Departamento de Estado es reconocer que el nacionalismo supone una merma de calidad de la democracia española. Una opacidad y una corrupción. Un poder fáctico.
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