jueves, 31 de marzo de 2011
miércoles, 30 de marzo de 2011
martes, 29 de marzo de 2011
Una España, diecisiete españoles
La opinión de Manuel Martín Ferrand en ABC.
Dice Miquel Roca que «España es y debe ser reconocida como una realidad compleja». Así es en verdad y así viene siendo desde que Abderramán II, en Córdoba, festejaba chupando espárragos blancos como la nieve la llegada de la primavera, antes de que en la ribera del Ebro, donde hoy se cultivan los mejores, supieran de la existencia de un fruto tan apetecible como el que trajo al Califato un pintoresco andaluz del siglo IX, Zuryáb. El hecho de la complejidad, síntoma de riqueza en el muestrario, no debiera ser génesis de problemas mayores y si estos surgen es en función del empecinamiento igualitario con el que se trata de neutralizar —¿anular?— el festín de las diferencias.
Desde la Constitución de Cádiz, heredera de viejos demonios familiares, hemos reforzado un asfixiante centralismo que alcanzó su culmen en la última Guerra Civil, en la que las diferencias básicas entre los dos bandos eran ideológicas, pero sin enmiendas mayores a la condición jacobina del Estado.
Después, a la muerte de Francisco Franco, era indispensable una enérgica descentralización administrativa y política y, en ese entendimiento, el Título VIII de la Constitución del 78 marcó un camino que los hechos han ido distorsionando para, con trucos estatutarios, burlar los imprecisos límites que establece la Gran Norma.
Hay algo perverso en lo ideológico cuando se pretenden valorar en demasía algunos matices diferenciales. Por ejemplo, el disco más vendido estas últimas semanas —10.000 copias— entre todos los editados en España es obra del cuarteto Manel, 10 milles per veure una bona armadura. En puridad ese hecho tiene más de mercantil que de cultural, nada de nacionalista y menos que nada de separatismo centrifugador; pero si se enfatiza en la circunstancia menor de que es la primera vez que un grupo folk catalán alcanza el récord español de ventas, algo que no pasaba desde que Joan Manuel Serrat cantara D'un temps d'un paí, el fenómeno adquiere otra dimensión.
Café para todos
Seguramente la torpe doctrina del «café para todos» que, en los días constituyentes, anuló la más pragmática de «la tabla de quesos», es fuente de conflicto. Es natural que quienes somos diferentes en clima, tradiciones, alimentos, historia y hasta en voluntad queramos señalar nuestra diferencia. El problema deja de ser espiritual cuando cabe preguntar: ¿quién paga esas diferencias? Un médico de atención primaria del servicio andaluz de salud cobra por una guardia continuada de 24 horas 424 euros. La misma prestación laboral en Murcia le supone al facultativo una retribución de 648 euros. Eso no tiene nada que ver ni con la Macarena ni con la Virgen de la Fuensanta y, menos aún, con la bulería o el arroz en caldero del Mar Menor.
En Murcia, por otra parte, el mantenimiento de las Administraciones Públicas supuso en 2010 un esfuerzo fiscal de 8.553 euros por habitante. Un dato que contrasta con los 10.642 que es la aportación de los catalanes para el mismo fin, sobre una media nacional de 9.617. Pero no es cosa de reducir a números lo que es más fácil entender con ideas. Las 17 autonomías en que se divide la realidad española presente son, seguramente, una necesidad construida por la erosión de la Historia. Ese no es el problema, ni debiera serlo. Cuando hace un siglo y tres cuartos Javier de Burgos acometió la división de España en medio centenar de provincias todo fueron desajustes y problemas y pueden leerse en los periódicos de la época encendidas críticas a tal división administrativa. La Constitución tiene poco más de 30 años, es muy joven. El tiempo y la buena voluntad podrán hacerla buena.
Nuevos caciques
El caos no está en el concepto, sino en el uso. Sobrevolando sobre la singularidad de algunas autonomías uniprovinciales, con menos población que algunas capitales de provincia, y de otras pluriprovinciales sin mayores vínculos históricos internos, el hecho de una España y 17 modos administrativos no funde sus males en la pluralidad, sino en la falta de diferenciación y competencias que se acumula entre los distintos órganos de las administraciones. Son muchos los que hacen la misma cosa, la repiten.
La descentralización tiene su coste, pero también sus ventajas. Tantas más cuanto más capilar sea ésta. El refuerzo presupuestario de los Ayuntamientos sería un bien para todos, pero sin repetir funciones y responsabilidades. Sobran, por ejemplo, las diputaciones provinciales que constituyen un anacronismo en la España Autonómica. El equilibrio entre lo local, lo regional y lo estatal ha de ser cuidado al máximo. Con argumentos de coste y eficacia y no como blasón para el escudo de los nuevos caciques, el más dañino de todos los efectos arrastrados por la Organización Autonómica del Estado, en la que sobran instituciones, organismos, empresas públicas y figuras artificiales para que, a diferencia con los caciques del XIX, que se pagaban el poder de su bolsillo, los del XXI operen con cargo al dinero de todos.
Denostar las autonomías sería un error, reconducirlas a su dimensión constitucional y dentro del rigor presupuestario constituye una demanda urgente. Nos lo exigen —con otras demandas desoídas— nuestros socios europeos, los que ya se disponen al rescate de Portugal y, sobre todo, lo demanda el sentido común. No es de fácil explicación que, en Castilla-La Mancha el déficit público sea el 6,47 por ciento de su PIB regional, y la deuda el 16,5, y que en el País Vasco el déficit sea del 2,24 y la deuda del 7,4. En este asunto se están mezclando churras con merinas, sentimientos con presupuestos y gastos, y así no sale bien la cuenta.
Dice Miquel Roca que «España es y debe ser reconocida como una realidad compleja». Así es en verdad y así viene siendo desde que Abderramán II, en Córdoba, festejaba chupando espárragos blancos como la nieve la llegada de la primavera, antes de que en la ribera del Ebro, donde hoy se cultivan los mejores, supieran de la existencia de un fruto tan apetecible como el que trajo al Califato un pintoresco andaluz del siglo IX, Zuryáb. El hecho de la complejidad, síntoma de riqueza en el muestrario, no debiera ser génesis de problemas mayores y si estos surgen es en función del empecinamiento igualitario con el que se trata de neutralizar —¿anular?— el festín de las diferencias.Desde la Constitución de Cádiz, heredera de viejos demonios familiares, hemos reforzado un asfixiante centralismo que alcanzó su culmen en la última Guerra Civil, en la que las diferencias básicas entre los dos bandos eran ideológicas, pero sin enmiendas mayores a la condición jacobina del Estado.
Después, a la muerte de Francisco Franco, era indispensable una enérgica descentralización administrativa y política y, en ese entendimiento, el Título VIII de la Constitución del 78 marcó un camino que los hechos han ido distorsionando para, con trucos estatutarios, burlar los imprecisos límites que establece la Gran Norma.
Hay algo perverso en lo ideológico cuando se pretenden valorar en demasía algunos matices diferenciales. Por ejemplo, el disco más vendido estas últimas semanas —10.000 copias— entre todos los editados en España es obra del cuarteto Manel, 10 milles per veure una bona armadura. En puridad ese hecho tiene más de mercantil que de cultural, nada de nacionalista y menos que nada de separatismo centrifugador; pero si se enfatiza en la circunstancia menor de que es la primera vez que un grupo folk catalán alcanza el récord español de ventas, algo que no pasaba desde que Joan Manuel Serrat cantara D'un temps d'un paí, el fenómeno adquiere otra dimensión.
Café para todos
Seguramente la torpe doctrina del «café para todos» que, en los días constituyentes, anuló la más pragmática de «la tabla de quesos», es fuente de conflicto. Es natural que quienes somos diferentes en clima, tradiciones, alimentos, historia y hasta en voluntad queramos señalar nuestra diferencia. El problema deja de ser espiritual cuando cabe preguntar: ¿quién paga esas diferencias? Un médico de atención primaria del servicio andaluz de salud cobra por una guardia continuada de 24 horas 424 euros. La misma prestación laboral en Murcia le supone al facultativo una retribución de 648 euros. Eso no tiene nada que ver ni con la Macarena ni con la Virgen de la Fuensanta y, menos aún, con la bulería o el arroz en caldero del Mar Menor.
En Murcia, por otra parte, el mantenimiento de las Administraciones Públicas supuso en 2010 un esfuerzo fiscal de 8.553 euros por habitante. Un dato que contrasta con los 10.642 que es la aportación de los catalanes para el mismo fin, sobre una media nacional de 9.617. Pero no es cosa de reducir a números lo que es más fácil entender con ideas. Las 17 autonomías en que se divide la realidad española presente son, seguramente, una necesidad construida por la erosión de la Historia. Ese no es el problema, ni debiera serlo. Cuando hace un siglo y tres cuartos Javier de Burgos acometió la división de España en medio centenar de provincias todo fueron desajustes y problemas y pueden leerse en los periódicos de la época encendidas críticas a tal división administrativa. La Constitución tiene poco más de 30 años, es muy joven. El tiempo y la buena voluntad podrán hacerla buena.
Nuevos caciques
El caos no está en el concepto, sino en el uso. Sobrevolando sobre la singularidad de algunas autonomías uniprovinciales, con menos población que algunas capitales de provincia, y de otras pluriprovinciales sin mayores vínculos históricos internos, el hecho de una España y 17 modos administrativos no funde sus males en la pluralidad, sino en la falta de diferenciación y competencias que se acumula entre los distintos órganos de las administraciones. Son muchos los que hacen la misma cosa, la repiten.
La descentralización tiene su coste, pero también sus ventajas. Tantas más cuanto más capilar sea ésta. El refuerzo presupuestario de los Ayuntamientos sería un bien para todos, pero sin repetir funciones y responsabilidades. Sobran, por ejemplo, las diputaciones provinciales que constituyen un anacronismo en la España Autonómica. El equilibrio entre lo local, lo regional y lo estatal ha de ser cuidado al máximo. Con argumentos de coste y eficacia y no como blasón para el escudo de los nuevos caciques, el más dañino de todos los efectos arrastrados por la Organización Autonómica del Estado, en la que sobran instituciones, organismos, empresas públicas y figuras artificiales para que, a diferencia con los caciques del XIX, que se pagaban el poder de su bolsillo, los del XXI operen con cargo al dinero de todos.
Denostar las autonomías sería un error, reconducirlas a su dimensión constitucional y dentro del rigor presupuestario constituye una demanda urgente. Nos lo exigen —con otras demandas desoídas— nuestros socios europeos, los que ya se disponen al rescate de Portugal y, sobre todo, lo demanda el sentido común. No es de fácil explicación que, en Castilla-La Mancha el déficit público sea el 6,47 por ciento de su PIB regional, y la deuda el 16,5, y que en el País Vasco el déficit sea del 2,24 y la deuda del 7,4. En este asunto se están mezclando churras con merinas, sentimientos con presupuestos y gastos, y así no sale bien la cuenta.
Polvos estatutarios y crisis del catalanismo
La opinión de Juan Antonio Cordero en La Voz de Barcelona.
http://www.vozbcn.com/2011/03/29/64833/polvos-lodos-independentistas-catalanismo/
http://www.vozbcn.com/2011/03/29/64833/polvos-lodos-independentistas-catalanismo/
domingo, 27 de marzo de 2011
Botín vota a Zapatero
Pensando en los que todavía creen que cuando votan al PSC o al PSOE votan a un partido de izquierdas os copio esta columna que firma Juancho Dumall, Director Adjunto de El Periódico de Catalunya.
No deja de resultar llamativo que Emilio Botín, primer empresario español, presidente de uno de los bancos más potentes del mundo, con una fortuna calculada en más de 1.500 millones de dólares, esté a favor de la política económica de José Luis Rodríguez Zapatero, un socialista tachado de peligroso por los propagandistas del liberalismo y al que la oposición de derechas considera el máximo obstáculo para que España salga de la crisis.
El máximo mandatario del Banco Santander ha llevado tan lejos su apoyo al presidente del Gobierno como para pedirle ayer, ante la flor y nata del empresariado español, que aguante en el timón del PSOE hasta el final de la legislatura, dentro de un año. ¿Por qué? Pues porque Zapatero está impulsando un conjunto de reformas que van en la dirección que exigen los mercados internacionales, esos que con frecuencia se nos presentan como una nebulosa, pero que tienen cara y ojos... como los del señor Botín. Esos mercados quieren que el presidente español acabe su tarea, sin condicionamientos del calendario político. No hay tiempo ni para primarias en el partido, ni para elecciones anticipadas.
El máximo mandatario del Banco Santander ha llevado tan lejos su apoyo al presidente del Gobierno como para pedirle ayer, ante la flor y nata del empresariado español, que aguante en el timón del PSOE hasta el final de la legislatura, dentro de un año. ¿Por qué? Pues porque Zapatero está impulsando un conjunto de reformas que van en la dirección que exigen los mercados internacionales, esos que con frecuencia se nos presentan como una nebulosa, pero que tienen cara y ojos... como los del señor Botín. Esos mercados quieren que el presidente español acabe su tarea, sin condicionamientos del calendario político. No hay tiempo ni para primarias en el partido, ni para elecciones anticipadas.
sábado, 26 de marzo de 2011
viernes, 25 de marzo de 2011
miércoles, 23 de marzo de 2011
Julio Villacorta.Pacto de Conjunción y Sostenibilidad Nacional
http://juliovillacortabcn.blogspot.com/2011/03/pacto-de-conjuncion-y-sostenibilidad.html
Establecidos los tres ejes que conformarán el manifiesto electoral vayamos por el primero. Afirmaba en un anterior post que: “El eje identitario debería regirse por lo que podríamos denominar el modelo de conjunción lingüística y nacional.
Cataluña necesita un pacto, un auténtico pacto, el que no ha sabido hacer el PSC. Un pacto de sostenibilidad de las dos lenguas que siempre han convivido, un pacto de relatos históricos y sobre todo un pacto de proyecto. Un pacto en el que Barcelona es la pieza clave, por su historia, por su dimensión y por sus capacidades. Un pacto constitucional.
En la dimensión lingüística el Tribunal Constitucional ha identificado con acierto el concepto: el modelo de conjunción lingüística. En una de mis últimas participaciones en el Comité Ejecutivo del Plan Estratégico Barcelona 2000, me opuse a la consideración de hacer del inglés la tercera lengua. No faltaron las críticas y, por los bajines, las burlas. Me opuse porque sin tener resuelta de forma adecuada la conjunción catalán-castellano, la introducción formal en el discurso de la política lingüística de otra lengua de comunicación internacional como es el inglés, ocultaba la sibilina estrategia de ir creando las condiciones objetivas para acabar considerando al castellano como otra lengua extranjera más. Más o menos conocida, pero al cabo extranjera.
El modelo de conjunción lingüística debe sustituir al modelo de inmersión en el sistema educativo, al modelo de lengua propia en la administración, al modelo de lengua de acogida. Esta propuesta es clave si se quiere mantener el modelo del pacto constitucional.
Es de justicia y a ello habrá que agudizar el ingenio plantear también en lo nacional lo que la Constitución asumió: la existencia diferenciada de regiones y nacionalidades en el seno de una única nación. Bajo este principio el pacto de sostenibilidad que planteo debería incluir el reconocimiento nacional que corresponde al rango de nacionalidad que la Constitución posibilita atribuir a Cataluña. En su capital, Barcelona, es posible empezar a concretarlo.
El pacto que propongo y que podría denominar Pacto de Conjunción y Sostenibilidad Nacional podría resolver las aspiraciones del catalanismo político más extendido y del conjunto de la sociedad española en torno a una visión compartida: una sólida nación política, España, una lengua común oficial, garantía de igualdad de derechos e instrumento de comunicación internacional, y un reconocimiento de la pluralidad lingüística y nacional con garantía mutua de sostenibilidad.
UPyD puede ser una fuerza decisiva en la próxima legislatura en el Congreso de Diputados. Una UPyD con autoridad en Barcelona puede ser determinante en el nuevo equilibrio que se avecina; por ello la entrada de UPyD en el consistorio barcelonés podría ser el primer paso en la senda de un nuevo modelo de cohesión social en Barcelona, Cataluña y España. Vale la pena soñar con ello. Vale la pena la apuesta. Por eso se asume el riesgo.
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