En su libro, Muñoz Molina omite mencionar tanto a los pocos intelectuales progresistas que se opusieron a esta deriva cuanto a los muchos que prefirieron considerar progresista ignorarla o favorecerla. Abundan los ejemplos respetables de este último tipo de ceguera, como el recientemente fallecido José Luis Sampedro, cuyas alusiones al tema vasco es piadoso olvidar en estas horas de luto. Desdichadamente, los que tanto necesitamos a lo largo de muchos años el apoyo de voces sabias de la izquierda no tuvimos la suerte de beneficiarnos de esa lucidez que por lo visto Sampedro guardó para mejores ocasiones. Aunque ni siquiera mucha lucidez hacía falta para señalar el abismo al que nos ha llevado la soberanía en fascículos: bastaba el sentido común y un poquito de aguante para soportar denuestos del radicalismo neotribal.
miércoles, 24 de abril de 2013
Que decidan ellos
La opinión de Fernando Savater en El País. Con el país semiarruinado y envilecido por tantas decisiones indebidas que se tomaron ayer y paralizado por las necesarias que nadie se atreve a tomar hoy, no es raro que la cuestión del día sea el derecho a decidir. Y resulta obligatorio, sin duda, decidir sobre este derecho. En más de un sentido, me parece que es el tema que subyace en la argumentación de Antonio Muñoz Molina en Todo lo que era sólido (Seix Barral). Diré antes de nada que el libro me parece excelente: solo la modestia me impide elogiarlo más, puesto que hace tanto que vengo insistiendo en no pocas de sus reconvenciones y voces de alarma. Lo que no le resta originalidad a su bien trabada armazón ni habilidad narrativa para saber ilustrarla con casos significativos. Ahí se cuenta cómo los ciudadanos españoles fueron progresivamente dejando de ser lo primero cuanto más se ufanaban de dejar de ser lo segundo. La crisis de nuestro país —económica, social, política— tiene varias causas fatalmente concomitantes, internas y externas, pero la fragmentación nacionalista de la soberanía y por tanto de la responsabilidad de defender al unísono derechos y obligaciones ocupa el centro de todas ellas.
Porque eso es precisamente lo comprometido por el así reclamado “derecho a decidir”. En una democracia, el derecho a decidir es tan intrínseco a los ciudadanos como el derecho a nadar a los peces. De ello se prevalen los separatistas para vender su mercancía averiada: ¿quién va a querer renunciar a su “derecho a decidir”? Ahora bien: ¿por qué reclamar esa obviedad con el énfasis del que aspira a una conquista, como si hubiese en este país ciudadanos de cualquier latitud que carecieran de él? Sencillamente, porque lo que solicitan los separatistas no es el derecho a decidir que ya tienen, sino la anulación del derecho a decidir que tienen los demás. Lo que se exige no es el derecho a decidir de los catalanes sobre Cataluña o de los vascos sobre el País Vasco, sino que el resto de los españoles no pueda decidir como ellos sobre esa parte de su propio país. O sea, que acepten provisionalmente la mutilación de su soberanía hasta que se les imponga de forma definitiva. Por supuesto, llegado ese feliz momento, serán también vascos y catalanes los mutilados del derecho a decidir sobre la mayor parte de su estado actual junto a su pertenencia a él. Y todos tan contentos… ¿por qué ser cola de león si se puede ser cabeza de ratón?
Semejante expolio se hace en nombre del “pueblo”, entidad que siempre debe tener apellido regional para hacerse respetable, y su contagio alcanza incluso a las autonomías cuyo separatismo no ha sido sino mero oportunismo dialéctico para evitar controles del estado y alcanzar privilegios derrochadores del bien común. Quienes nunca creímos que los únicos sujetos políticos sean los individuos y las familias, como Margaret Thatcher, pero tampoco aceptamos que puedan ser sustituidos por un “pueblo” que solo habla por ventrílocuos anti-sistema o anti-país, es decir los que queremos ciudadanía dentro del estado de derecho nacional hemos perdido la partida de la educación y de la ideología mayoritaria: somos los “fascistas” de quienes no saben lo que significa esa descalificación ni cuánto se parecen ellos mismos a los que antaño la merecieron.
En su libro, Muñoz Molina omite mencionar tanto a los pocos intelectuales progresistas que se opusieron a esta deriva cuanto a los muchos que prefirieron considerar progresista ignorarla o favorecerla. Abundan los ejemplos respetables de este último tipo de ceguera, como el recientemente fallecido José Luis Sampedro, cuyas alusiones al tema vasco es piadoso olvidar en estas horas de luto. Desdichadamente, los que tanto necesitamos a lo largo de muchos años el apoyo de voces sabias de la izquierda no tuvimos la suerte de beneficiarnos de esa lucidez que por lo visto Sampedro guardó para mejores ocasiones. Aunque ni siquiera mucha lucidez hacía falta para señalar el abismo al que nos ha llevado la soberanía en fascículos: bastaba el sentido común y un poquito de aguante para soportar denuestos del radicalismo neotribal.
En su libro, Muñoz Molina omite mencionar tanto a los pocos intelectuales progresistas que se opusieron a esta deriva cuanto a los muchos que prefirieron considerar progresista ignorarla o favorecerla. Abundan los ejemplos respetables de este último tipo de ceguera, como el recientemente fallecido José Luis Sampedro, cuyas alusiones al tema vasco es piadoso olvidar en estas horas de luto. Desdichadamente, los que tanto necesitamos a lo largo de muchos años el apoyo de voces sabias de la izquierda no tuvimos la suerte de beneficiarnos de esa lucidez que por lo visto Sampedro guardó para mejores ocasiones. Aunque ni siquiera mucha lucidez hacía falta para señalar el abismo al que nos ha llevado la soberanía en fascículos: bastaba el sentido común y un poquito de aguante para soportar denuestos del radicalismo neotribal.
sábado, 20 de abril de 2013
jueves, 18 de abril de 2013
sábado, 13 de abril de 2013
Estat propi
Fantástica canción de Alfonso de Vilalloga, ganador del Goya a la mejor música por Blancanieves.
miércoles, 3 de abril de 2013
Un poco de aire ante la inmersión
La opinión de Félix Ovejero en El País.
De nuevo el nacionalismo con los tambores de la catástrofe. Nadie propone que el catalán deje de ser vehicular ni la separación de niños por lenguas, sino la simple aplicación de sentencias del Constitucional y del Supremo, que avalan una tibia educación bilingüe. Siempre atenta a las inquietudes del poder local, la disciplinada sociedad civil no falta al enésimo toque de corneta. Se fotografían indignados los rectores de Universidad y desde el AMPA, con siglas independentistas, se convoca por correo electrónico a los padres a manifestaciones. Entretanto, a diferencia de lo que sucede en Madrid, con imperturbabilidad budista se digieren recortes y privatizaciones de un Gobierno autónomo que no tiene pudor en decir, por boca de su consejero de Salud, que “no hay un derecho a la salud, porque depende del código genético de la persona”. Será el hecho diferencial. A la izquierda catalana le falta tiempo para apuntarse. Algo inexplicable. Desde 1953 la educación en lengua materna es un derecho reconocido por la Unesco y, entre nosotros, el bilingüismo era el modelo de la República, incluido el Estatuto de Nuria, y el que defendió el PSC hasta hace dos días, apelando a su pedagoga de cabecera, Marta Mata. Ahora, sin que se sepa cómo ni por qué, nos encontramos a la izquierda relacionando “identidades” con naciones y ciudadanías, urdiendo argumentos con los mimbres intelectuales que nutrieron la peor historia europea. Si lo dudan, vean la entrevista de Raül Romeva, eurodiputado de ICV, en el interesante blog A Word In Your Ear. Por lo común, cuando se grita mucho las razones escasean. Y en estos días se grita más que nunca. Pero también hay argumentos. En algún libro y en estas mismas páginas he intentado mostrar la pobreza de los fundamentos teóricos de las políticas “normalizadoras”. Ahora, por debajo de la maraña retórica, aparecen nuevas razones, menos teóricas. Apelan a la realidad, la eficacia y los consensos. No está de más evaluarlas. La primera invoca la realidad catalana, agredida en su identidad. Dilucidar identidades no es cosa sencilla, ni siquiera cuando se trata de individuos. En el caso de las comunidades, ni les cuento. En todo caso, cualquier idea de identidad tiene que atender a lo común o, en su defecto, mayoritario. Nunca a lo extravagante o singular. La identidad de mi familia no es mi primo alto y rubio. Y los datos, tampoco esta vez, cuadran con el relato nacionalista. Según la propia Generalitat, el 55% de los catalanes tenemos como lengua materna el castellano y el 31,6% el catalán. Relean: el castellano es la lengua común y ampliamente mayoritaria de los catalanes. Ahora la pregunta: ¿quién no respeta la identidad? La segunda apunta a la eficacia pedagógica. Se nos dice que los niños catalanes, sin escolarizarse en castellano, tienen un dominio superior de la lengua común al resto de los españoles. Si así fuera, solo caben dos posibilidades: bien los catalanes somos un portento de la naturaleza, bien la escolarización en una lengua es contraproducente para su conocimiento. Como ninguna de las dos resulta plausible, hay que dudar de las fuentes. Y, en efecto, mirados de cerca, tampoco esta vez los datos abruman. Mejor dicho, es que no hay. Ahora sabemos, por boca de Joaquim Prats, exresponsable del informe PISA en Cataluña, que “el informe se hace en catalán, (y que) por tanto, no mide la comprensión lectora en castellano”. En realidad, los escasos datos disponibles no desmienten el sentido común y, entre catalanes, muestran el mayor fracaso escolar de los castellanoparlantes, los de menos recursos, por cierto. La única prueba concluyente es la que no se hace: exponer a todos los estudiantes españoles a las mismas exigencias de competencia lingüística. Al final, con tanto ruido, nos olvidamos de lo obvio: hablar una lengua no es dominarla. Todos, incluso los analfabetos, hablamos una lengua. En la escuela se busca otra cosa, lo que los especialistas llaman Cognitive Academic Language Proficiency, competencia para entender información nueva, ajena al contexto y con un cierto grado de abstracción. Eso solo se adquiere con la escolarización, como bien sabe el presidente de la Generalitat cuando elige un colegio trilingüe para sus hijos. La tercera invoca la cohesión. Según parece, el bilingüismo dividiría a la sociedad catalana. Un argumento pobre. Si la enseñanza en una sola lengua es garantía de cohesión, habría que escolarizar solo en castellano, la lengua mayoritaria, común y, además, de muchos emigrantes y de los vecinos “españoles”. Además, la experiencia disponible no avala la tesis fratricida. Sin ir más lejos, Finlandia, el país con mejores resultados educativos en Europa, imparte la enseñanza en dos lenguas y no parece que esté al borde de la guerra civil. Finalmente, el argumento resulta impreciso porque equipara bilingüismo a separación por lenguas, cuando no es lo mismo un sistema en donde los alumnos permanecen juntos mientras reciben enseñanza de distintas materias en las dos (o tres) lenguas oficiales que otro de doble red, el de Finlandia, en el que las distintas escuelas imparten la enseñanza en las diferentes lenguas oficiales según la elección de los padres y aprenden la otra lengua como asignatura. Esos son los sistemas que podemos encontrar en Europa. Y en el mundo, incluido Quebec. En realidad, la anomalía planetaria es Cataluña. De modo que el argumento resulta inconsecuente, falso y, en el mejor de los casos, confuso. Puestos a decirlo todo, hasta dudo de su sinceridad, de la preocupación por la paz civil por parte del nacionalismo, cuando su objetivo político es levantar fronteras y su estrategia alentar la tensión entre conciudadanos. El último argumento apela al consenso ciudadano. Su aval: casi todos los partidos defienden la inmersión. El argumento, obviamente, no sirve para defender la propia opinión, como hacen los socialistas. La afirmación “estoy de acuerdo porque todos estamos de acuerdo” se sostiene en el aire, esto es, en ninguna parte. Bastaría con que ellos cambiaran de opinión para que “el argumento” dejara de valer. Lo mejor en estos casos es preguntar a los ciudadanos directamente. Y asómbrense, las encuestas de la Generalitat, que preguntan sobre lo humano y lo divino, jamás han mostrado interés en saber qué prefieren los ciudadanos. Quizá la explicación del descuido hay que buscarla en los resultados de las encuestas de CSIS que, mientras se hicieron, mostraban una clara preferencia por el bilingüismo. El único pie empírico en el que se sostiene la supuesta unanimidad es “la falta de demanda social”. Una falta de demanda que se entiende bastante bien al leer la respuesta del Departament d’Ensenyament a la pregunta de en qué consistía la (posible) enseñanza en español durante la etapa de primaria, recogida en el mejor libro que conozco sobre la experiencia catalana, Sumar y no restar. Ahí va: “El profesor imparte la clase en catalán y una vez acabada la lección, se acerca al alumno en cuestión y le repite en español lo que acaba de explicar en catalán. El alumno tiene derecho a hablar en español con el profesor y a realizar los exámenes en esta lengua, pero sus libros de texto deben estar escritos en catalán y él debe permanecer siempre en la clase con los demás alumnos”. Traducido: “a ver, el valiente, un paso al frente”. Calificar este procedimiento como humillación es quedarse corto. Segregación, tampoco alcanza. Naturalmente, la obscenidad intelectual básica radica en relacionar derechos con “número de demandantes”. Con ese argumento los negros no habrían pisado las universidades norteamericanas. Seamos claros, el argumento relevante no se puede invocar. Es de uso interno. Lo expresó impecablemente hace tres años Bernat Joan, por entonces secretario de Política Lingüística, inquieto ante la sentencia del TC: “Podría crear un alud de gente que exigiese judicialmente la escolarización en castellano o que la Administración pública les atendiese en castellano” (ElpuntAvui, 23-8-2009). A Joan lo que en realidad le inquietaba eran los catalanes. Pero estas cosas no se dicen en Madrid. Bueno, el otro día sí, cuando Duran i Lleida confesó su desolación en el Parlamento porque “lamentablemente la lengua mayoritaria en el patio es el castellano”. A lo que se ve, los que estorbamos en la Cataluña de los nacionalistas somos los catalanes. Que queremos un poco de aire.
De nuevo el nacionalismo con los tambores de la catástrofe. Nadie propone que el catalán deje de ser vehicular ni la separación de niños por lenguas, sino la simple aplicación de sentencias del Constitucional y del Supremo, que avalan una tibia educación bilingüe. Siempre atenta a las inquietudes del poder local, la disciplinada sociedad civil no falta al enésimo toque de corneta. Se fotografían indignados los rectores de Universidad y desde el AMPA, con siglas independentistas, se convoca por correo electrónico a los padres a manifestaciones. Entretanto, a diferencia de lo que sucede en Madrid, con imperturbabilidad budista se digieren recortes y privatizaciones de un Gobierno autónomo que no tiene pudor en decir, por boca de su consejero de Salud, que “no hay un derecho a la salud, porque depende del código genético de la persona”. Será el hecho diferencial. A la izquierda catalana le falta tiempo para apuntarse. Algo inexplicable. Desde 1953 la educación en lengua materna es un derecho reconocido por la Unesco y, entre nosotros, el bilingüismo era el modelo de la República, incluido el Estatuto de Nuria, y el que defendió el PSC hasta hace dos días, apelando a su pedagoga de cabecera, Marta Mata. Ahora, sin que se sepa cómo ni por qué, nos encontramos a la izquierda relacionando “identidades” con naciones y ciudadanías, urdiendo argumentos con los mimbres intelectuales que nutrieron la peor historia europea. Si lo dudan, vean la entrevista de Raül Romeva, eurodiputado de ICV, en el interesante blog A Word In Your Ear. Por lo común, cuando se grita mucho las razones escasean. Y en estos días se grita más que nunca. Pero también hay argumentos. En algún libro y en estas mismas páginas he intentado mostrar la pobreza de los fundamentos teóricos de las políticas “normalizadoras”. Ahora, por debajo de la maraña retórica, aparecen nuevas razones, menos teóricas. Apelan a la realidad, la eficacia y los consensos. No está de más evaluarlas. La primera invoca la realidad catalana, agredida en su identidad. Dilucidar identidades no es cosa sencilla, ni siquiera cuando se trata de individuos. En el caso de las comunidades, ni les cuento. En todo caso, cualquier idea de identidad tiene que atender a lo común o, en su defecto, mayoritario. Nunca a lo extravagante o singular. La identidad de mi familia no es mi primo alto y rubio. Y los datos, tampoco esta vez, cuadran con el relato nacionalista. Según la propia Generalitat, el 55% de los catalanes tenemos como lengua materna el castellano y el 31,6% el catalán. Relean: el castellano es la lengua común y ampliamente mayoritaria de los catalanes. Ahora la pregunta: ¿quién no respeta la identidad? La segunda apunta a la eficacia pedagógica. Se nos dice que los niños catalanes, sin escolarizarse en castellano, tienen un dominio superior de la lengua común al resto de los españoles. Si así fuera, solo caben dos posibilidades: bien los catalanes somos un portento de la naturaleza, bien la escolarización en una lengua es contraproducente para su conocimiento. Como ninguna de las dos resulta plausible, hay que dudar de las fuentes. Y, en efecto, mirados de cerca, tampoco esta vez los datos abruman. Mejor dicho, es que no hay. Ahora sabemos, por boca de Joaquim Prats, exresponsable del informe PISA en Cataluña, que “el informe se hace en catalán, (y que) por tanto, no mide la comprensión lectora en castellano”. En realidad, los escasos datos disponibles no desmienten el sentido común y, entre catalanes, muestran el mayor fracaso escolar de los castellanoparlantes, los de menos recursos, por cierto. La única prueba concluyente es la que no se hace: exponer a todos los estudiantes españoles a las mismas exigencias de competencia lingüística. Al final, con tanto ruido, nos olvidamos de lo obvio: hablar una lengua no es dominarla. Todos, incluso los analfabetos, hablamos una lengua. En la escuela se busca otra cosa, lo que los especialistas llaman Cognitive Academic Language Proficiency, competencia para entender información nueva, ajena al contexto y con un cierto grado de abstracción. Eso solo se adquiere con la escolarización, como bien sabe el presidente de la Generalitat cuando elige un colegio trilingüe para sus hijos. La tercera invoca la cohesión. Según parece, el bilingüismo dividiría a la sociedad catalana. Un argumento pobre. Si la enseñanza en una sola lengua es garantía de cohesión, habría que escolarizar solo en castellano, la lengua mayoritaria, común y, además, de muchos emigrantes y de los vecinos “españoles”. Además, la experiencia disponible no avala la tesis fratricida. Sin ir más lejos, Finlandia, el país con mejores resultados educativos en Europa, imparte la enseñanza en dos lenguas y no parece que esté al borde de la guerra civil. Finalmente, el argumento resulta impreciso porque equipara bilingüismo a separación por lenguas, cuando no es lo mismo un sistema en donde los alumnos permanecen juntos mientras reciben enseñanza de distintas materias en las dos (o tres) lenguas oficiales que otro de doble red, el de Finlandia, en el que las distintas escuelas imparten la enseñanza en las diferentes lenguas oficiales según la elección de los padres y aprenden la otra lengua como asignatura. Esos son los sistemas que podemos encontrar en Europa. Y en el mundo, incluido Quebec. En realidad, la anomalía planetaria es Cataluña. De modo que el argumento resulta inconsecuente, falso y, en el mejor de los casos, confuso. Puestos a decirlo todo, hasta dudo de su sinceridad, de la preocupación por la paz civil por parte del nacionalismo, cuando su objetivo político es levantar fronteras y su estrategia alentar la tensión entre conciudadanos. El último argumento apela al consenso ciudadano. Su aval: casi todos los partidos defienden la inmersión. El argumento, obviamente, no sirve para defender la propia opinión, como hacen los socialistas. La afirmación “estoy de acuerdo porque todos estamos de acuerdo” se sostiene en el aire, esto es, en ninguna parte. Bastaría con que ellos cambiaran de opinión para que “el argumento” dejara de valer. Lo mejor en estos casos es preguntar a los ciudadanos directamente. Y asómbrense, las encuestas de la Generalitat, que preguntan sobre lo humano y lo divino, jamás han mostrado interés en saber qué prefieren los ciudadanos. Quizá la explicación del descuido hay que buscarla en los resultados de las encuestas de CSIS que, mientras se hicieron, mostraban una clara preferencia por el bilingüismo. El único pie empírico en el que se sostiene la supuesta unanimidad es “la falta de demanda social”. Una falta de demanda que se entiende bastante bien al leer la respuesta del Departament d’Ensenyament a la pregunta de en qué consistía la (posible) enseñanza en español durante la etapa de primaria, recogida en el mejor libro que conozco sobre la experiencia catalana, Sumar y no restar. Ahí va: “El profesor imparte la clase en catalán y una vez acabada la lección, se acerca al alumno en cuestión y le repite en español lo que acaba de explicar en catalán. El alumno tiene derecho a hablar en español con el profesor y a realizar los exámenes en esta lengua, pero sus libros de texto deben estar escritos en catalán y él debe permanecer siempre en la clase con los demás alumnos”. Traducido: “a ver, el valiente, un paso al frente”. Calificar este procedimiento como humillación es quedarse corto. Segregación, tampoco alcanza. Naturalmente, la obscenidad intelectual básica radica en relacionar derechos con “número de demandantes”. Con ese argumento los negros no habrían pisado las universidades norteamericanas. Seamos claros, el argumento relevante no se puede invocar. Es de uso interno. Lo expresó impecablemente hace tres años Bernat Joan, por entonces secretario de Política Lingüística, inquieto ante la sentencia del TC: “Podría crear un alud de gente que exigiese judicialmente la escolarización en castellano o que la Administración pública les atendiese en castellano” (ElpuntAvui, 23-8-2009). A Joan lo que en realidad le inquietaba eran los catalanes. Pero estas cosas no se dicen en Madrid. Bueno, el otro día sí, cuando Duran i Lleida confesó su desolación en el Parlamento porque “lamentablemente la lengua mayoritaria en el patio es el castellano”. A lo que se ve, los que estorbamos en la Cataluña de los nacionalistas somos los catalanes. Que queremos un poco de aire.
martes, 2 de abril de 2013
lunes, 1 de abril de 2013
La inmersión lingüística en el contexto europeo
La opinión de Mercé Vilarrubias en El País.
Como es bien sabido, el Gobierno catalán está realizando diferentes pasos en su hoja de ruta hacia una Cataluña independiente y uno de estos pasos es explicar este proyecto en la Unión Europea con la intención de conseguir su apoyo. Me gustaría plantear la siguiente pregunta: una hipotética Cataluña independiente que quisiera formar parte de la Unión Europea, ¿encontraría el apoyo de la UE al sistema de inmersión lingüística que se practica en las escuelas?
Hasta ahora, la UE no se ha pronunciado sobre el modelo lingüístico catalán, siguiendo su principio de no inmiscuirse en los asuntos internos de los Estados miembros. Sin embargo, la práctica escolar europea, la legislación internacional y la filosofía lingüística que rige en la UE conducen a pensar que Bruselas muy probablemente pondría objeciones al sistema de inmersión.
Empecemos por examinar la actual práctica escolar europea: en ninguna de las comunidades y países bilingües y trilingües de Europa se aplica el sistema de inmersión catalán. La razón de ello está en que todos estos países y comunidades integran sus lenguas oficiales en la educación como lenguas vehiculares.
Esta integración la realizan a través de dos modelos. El mayoritario es el de la doble red escolar a partir de la cual los ciudadanos escogen la lengua en la que quieren educar a sus hijos de entre las lenguas oficiales de sus territorios. Este es el caso de Finlandia, por ejemplo, que tiene una red de escuelas en finlandés y otra en sueco. También existe una doble red en Gales (galés-inglés), en Eslovaquia (eslovaco-húngaro), en Irlanda (irlandés-inglés) o en Bélgica, país en el que, como en España, también existen importantes conflictos lingüísticos. Allí existe una triple red, con escuelas en flamenco en Flandes, en francés en Valonia y en alemán en la parte este del país. En Bruselas, calificada oficialmente como bilingüe, hay una doble red en flamenco y en francés.
De manera más minoritaria existe un segundo modelo lingüístico escolar en Europa: la educación multilingüe, que puede ser bilingüe o trilingüe. Se aplica, por ejemplo, en Luxemburgo, donde existe un modelo trilingüe. Todas las escuelas imparten la educación en las tres lenguas del país, el luxemburgués, el alemán y el francés, que van introduciendo gradualmente en este orden. Todos los alumnos asisten a estas escuelas. Este es también el caso de Frisia, la región del norte de Holanda, donde el frisón es lengua oficial junto al holandés. En esta comunidad, la mayoría de escuelas son bilingües, impartiendo algunas asignaturas en frisón y otras en holandés dependiendo de la etapa escolar.
Esta práctica escolar europea está fundamentada, además de en las legislaciones nacionales, en la legislación europea e internacional sobre el derecho a la educación en lengua materna. A nivel internacional, existe una amplia legislación sobre esta cuestión porque la lengua materna es un facilitador educativo de primer orden y una necesidad afectiva de todos los alumnos.
El derecho a la educación en lengua materna fue articulado internacionalmente como derecho de la infancia y la adolescencia hace más de medio siglo. El primer documento que lo reconoce es el elaborado por la Unesco en 1953, Empleo de las lenguas vernáculas en la enseñanza, y todos los documentos posteriores de esta institución inciden en la misma dirección. También especifica este derecho la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y ratificada por todos los países miembros. Este derecho, como especifica la Unesco, no implica que todo el currículum escolar deba realizarse en lengua materna, pero sí una parte significativa de él.
En cuanto a la legislación europea sobre este tema, Europa se rige principalmente por la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias (1992), la cual especifica que los hablantes de lenguas minoritarias también deben poder educarse en su lengua materna si así lo desean. En la práctica, esta legislación se aplica siguiendo este principio: allá donde hay una comunidad suficientemente amplia de ciudadanos que hablan una lengua, siempre y cuando esta lengua sea también oficial, las administraciones educativas deben proveer educación en esta lengua.
Esta cuestión con respecto a Cataluña ya ha sido señalada por el Consejo de Europa. Véase para ello sus dos informes periódicos European Charter for Regional or Minority Languages: application of the Charter in Spain (diciembre de 2008 y octubre de 2012 respectivamente). En estos dos informes, los artículos referentes a la educación en Cataluña dicen explícitamente que, así como una educación exclusivamente en catalán es claramente un gran logro para los hablantes de esta lengua, en ningún punto de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias se requiere que esta educación sea obligatoria para todos los alumnos. Aquellos que desean una educación a través del español también deberían poder acceder a ella. Alternativamente, el actual sistema podría evolucionar hacia una educación bilingüe para todos los alumnos, con asignaturas en ambas lenguas. Es decir, el Consejo de Europa recomienda para Cataluña los dos modelos ya existentes en Europa.
Finalmente, la filosofía lingüística que rige en la UE es una filosofía abierta, moderna y pro-multilingüismo, con una práctica de respeto y valoración de todas las lenguas europeas. Todos los informes de la Comisión Europea sobre este tema recomiendan el aprendizaje y la activa promoción de todas las lenguas oficiales europeas, las cuales son percibidas como un recurso muy valioso para los ciudadanos y una riqueza cultural de toda Europa. Es por tanto incomprensible que solo una de estas lenguas, el español de Cataluña, deba quedar fuera de la educación como lengua vehicular.
Si algún día el sistema de inmersión es evaluado en términos europeos, será entonces claramente definido como lo que es: un modelo escolar monolingüe, obligatorio para todos los alumnos, en una comunidad bilingüe. Es decir, una excepción en Europa.
En mi opinión, es altamente improbable que Bruselas aceptara mantener este sistema escolar por las tres razones expuestas: la mitad de los alumnos de Cataluña tiene el español como lengua materna y es la lengua de uso habitual del 45% de los ciudadanos catalanes. Además de esta cuestión, todas las lenguas oficiales europeas son, por el hecho de ser oficiales, lenguas vehiculares en la educación. En tercer lugar, la exclusión del español de la educación es una práctica que se opone claramente al espíritu multilingüe que rige en Europa.
Así, es muy probable que Bruselas pidiera modificaciones sustanciales en el sistema de inmersión a una hipotética Cataluña independiente. Estos cambios solo podrían ir en una de las dos direcciones descritas: un modelo de doble red con escuelas en cada una de las dos lenguas oficiales o la provisión de una educación bilingüe catalán-español.
Esta cuestión con respecto a Cataluña ya ha sido señalada por el Consejo de Europa. Véase para ello sus dos informes periódicos European Charter for Regional or Minority Languages: application of the Charter in Spain (diciembre de 2008 y octubre de 2012 respectivamente). En estos dos informes, los artículos referentes a la educación en Cataluña dicen explícitamente que, así como una educación exclusivamente en catalán es claramente un gran logro para los hablantes de esta lengua, en ningún punto de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias se requiere que esta educación sea obligatoria para todos los alumnos. Aquellos que desean una educación a través del español también deberían poder acceder a ella. Alternativamente, el actual sistema podría evolucionar hacia una educación bilingüe para todos los alumnos, con asignaturas en ambas lenguas. Es decir, el Consejo de Europa recomienda para Cataluña los dos modelos ya existentes en Europa.
Finalmente, la filosofía lingüística que rige en la UE es una filosofía abierta, moderna y pro-multilingüismo, con una práctica de respeto y valoración de todas las lenguas europeas. Todos los informes de la Comisión Europea sobre este tema recomiendan el aprendizaje y la activa promoción de todas las lenguas oficiales europeas, las cuales son percibidas como un recurso muy valioso para los ciudadanos y una riqueza cultural de toda Europa. Es por tanto incomprensible que solo una de estas lenguas, el español de Cataluña, deba quedar fuera de la educación como lengua vehicular.
Si algún día el sistema de inmersión es evaluado en términos europeos, será entonces claramente definido como lo que es: un modelo escolar monolingüe, obligatorio para todos los alumnos, en una comunidad bilingüe. Es decir, una excepción en Europa.
En mi opinión, es altamente improbable que Bruselas aceptara mantener este sistema escolar por las tres razones expuestas: la mitad de los alumnos de Cataluña tiene el español como lengua materna y es la lengua de uso habitual del 45% de los ciudadanos catalanes. Además de esta cuestión, todas las lenguas oficiales europeas son, por el hecho de ser oficiales, lenguas vehiculares en la educación. En tercer lugar, la exclusión del español de la educación es una práctica que se opone claramente al espíritu multilingüe que rige en Europa.
Así, es muy probable que Bruselas pidiera modificaciones sustanciales en el sistema de inmersión a una hipotética Cataluña independiente. Estos cambios solo podrían ir en una de las dos direcciones descritas: un modelo de doble red con escuelas en cada una de las dos lenguas oficiales o la provisión de una educación bilingüe catalán-español.
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